domingo, 16 de julio de 2017

¿A quién defiende la ley anti-terrorista?

Nacional

¿A QUIÉN DEFIENDE LA LEY ANTITERRORISTA?


La ley 18.314, o ley antiterrorista es una de las formas que tiene el viejo Estado para perseguir la lucha por la tierra. Esta, es una muestra irrefutable del carácter de clase del viejo Estado.

Esta ley, que “determina conductas terroristas y fija su penalidad”, fue promulgada en 1984, por la junta militar fascista, y desde entonces, ha sido aplicada en los episodios más álgidos de la lucha de clases, y desde los 90’ principalmente en la Araucanía.

Entre otras cosas, permite una serie de arbitrariedades contra los acusados, aun cuando no hayan sido declarados culpables, como la prisión preventiva por hasta dos años mientras dura la investigación, es decir, estar preso sin ninguna prueba ni defensa.

Además, duplica las penas de ciertos delitos comunes, por considerarse conductas “terroristas”, lo que define como aquel que tenga “la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor (...)”. Veamos dos casos para ver que significa esto:

Caso Luchsinger-Mackay: dos latifundistas mueren producto del incendio de su casa. Se aplica la ley antiterrorista a 11 peñis que hoy están en prisión preventiva, con la única “prueba” de estar ubicados geográficamente cerca del sector del incendio, localizados por sus celulares.

Caso Temulemu: 8 peñis de Temulemu son condenados por la ley antiterrorista por reivindicar su tierra, acusados de “amenaza de incendio terrorista” con la única prueba del testimonio de testigos sin nombre.

¿A qué “parte” de la población le causó temor esto? A los terratenientes. Pero cuando los latifundistas y sus grupos paramilitares secuestran a autoridades ancestrales o les queman las casas a los peñi, nadie investiga nada, porque esta ley, al igual que el Estado chileno, solo protege a esa “parte de la población” que son los terratenientes y los grandes burgueses.

La finalidad de esta ley es castigar con cárcel a quienes luchan no importando si son culpables o no, ya que de las 70 veces aprox que se ha aplicado contra Mapuche, solo han habido 9 condenas, de las cuales, 8 fueron anuladas por la CIDH (Caso Temulemu).

El único condenado ha sido Raul Castro Antipán, inflitrado por Carabineros en el asalto al peaje de Quino, procesado por delación compensada bajo esta ley.

Así, el Estado de Chile viola su propio disfraz “democrático” para perseguir la lucha por la tierra, poniendo de manifiesto su carácter de clase, con una ley que incluso, hoy se discute en el senado ampliar sus atribuciones.


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